CGT impugnará ante el Tribunal Supremo el injusto Real Decreto 402/2025 sobre los coeficientes reductores de la edad de jubilación
CGTer@ El Gobierno, de la mano de la patronal y con la complicidad de CCOO y UGT, acaba de dar un paso atrás sin precedentes en materia de derechos laborales y protección a la salud de las trabajadoras y trabajadores.
La entrada en vigor del Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento para reconocer la penosidad, peligrosidad, insalubridad y toxicidad de determinadas actividades laborales, supone una auténtica ofensiva contra los derechos de la clase trabajadora, especialmente aquellas personas que durante años han estado expuestas a condiciones laborales extremadamente dañinas.
Este decreto no solo mantiene, sino que profundiza los errores del anterior marco normativo —ya de por sí insuficiente— establecido por el Real Decreto 1698/2011.
Con este nuevo ataque legislativo, se refuerzan trabas burocráticas y se limita la capacidad real de los sindicatos independientes y combativos para defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores.
Algunas de las principales medidas regresivas incluidas son:
- La obligatoriedad de presentar solicitudes conjuntas entre sindicatos y organizaciones empresariales, lo cual vacía de contenido la autonomía sindical y convierte en moneda de cambio la salud y la vida de las trabajadoras y trabajadores.
- La exclusión de sindicatos minoritarios del proceso, negando así la pluralidad sindical y el derecho de todas las organizaciones representativas a defender los intereses de sus bases.
- La exigencia de identificación fiscal de los solicitantes, generando un entorno hostil y disuasorio para quienes quieren ejercer su derecho a reclamar condiciones dignas.
- Un plazo de resolución administrativa de seis meses, acompañado de un silencio administrativo negativo, lo que aboca a más indefensión y a una acumulación de recursos contenciosos por parte de sindicatos como CGT.
- La creación de órganos técnicos restringidos y poco transparentes, donde prima el control político y empresarial sobre la voz de los trabajadores y trabajadoras afectados.
Desde hace años, ya veníamos denunciando cómo la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo han ido paralizando expedientes cruciales en sectores altamente peligrosos, como el caso del amianto o la industria petroquímica.
Frente a esa inacción institucional, CGT ha tenido que recurrir sistemáticamente a los tribunales para garantizar mínimos de justicia social. Ahora, con este Real Decreto, se legaliza y se consolida esa política de bloqueo, criminalizando incluso el derecho a actuar de forma autónoma y reivindicativa por parte de los sindicatos.
Pero desde CGT no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ya estamos preparando la impugnación directa de este decreto ante el Tribunal Supremo, porque no vamos a permitir que se retroceda en derechos conquistados con esfuerzo y lucha colectiva.
Porque el derecho a jubilarse no debe ser un privilegio: debe ser posible hacerlo con salud, con dignidad y sin haber pagado por ello con nuestra vida. Porque nadie debería tener que morir o enfermar por trabajar. Porque la clase trabajadora no está aquí para alimentar las ganancias de unos pocos, sino para construir un futuro justo, solidario y liberado de la explotación capitalista.
¡Ni un paso atrás! ¡Jubilación digna ya!
¡CGT sigue en pie de lucha!
Fuente: Gabinete Jurídico Confederal
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT
